Santiago de Querétaro, Qro., 19 de mayo de 2011.- En Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que conforman los Diputados Luis Antonio Macías Trejo, Dalia Xóchitl Garrido Rubio, Marcos Aguilar Vega, Juan Fernando Rocha Mier y Fabián Pineda Morales, se aprobó con tres votos y dos abstenciones el Dictamen de la “Iniciativa de ley que reforma el artículo 198 del Código Penal para el Estado de Querétaro y reforma las fracciones VII y XXIII, y adiciona con una fracción XXIV, el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro”.

Dicha iniciativa fue presentada por el Gobernador del Estado, José Eduardo Calzada Rovirosa. A esta sesión también acudieron los Diputados Micaela Rubio Méndez, Gerardo Cuanalo Santos, Salvador Martínez Ortiz, José Luis Aguilera Rico, María García Pérez, Joaquín Cárdenas Gómez y Pablo Ademir Castellanos Ramírez.

Esta iniciativa de ley considera que el delito de extorsión se ha venido generalizando durante los últimos años en todo el país, no siendo excepción, el Estado de Querétaro; ilícito que frecuentemente se realiza a través de medios electrónicos mediante llamadas o mensajes generados desde cualquier punto del territorio, aprovechando la facilidad y ventajas que tiene el delincuente para multiplicar y hacer frecuente su comportamiento delictivo en agravio de personas identificadas o no, de todos los sectores sociales, económicos y ocupacionales, por lo que nadie está exento de resultar agraviado por este tipo de delitos, cuyo  daño va más allá del simple menoscabo o riesgo patrimonial; pues algunas de las formas que adopta hacen sentir a las personas en un riesgo latente y grave a su seguridad personal, salud, libertad o patrimonio, así como el de aquellas personas que, en razón de pertenencia familiar o algún otro vínculo, tiene el deber y necesidad de proteger; generando condiciones de zozobra, temor, riesgo, inseguridad y otras afectaciones.

Sobre este hecho se menciona que el  Código Penal para el Estado de Querétaro, dentro de los delitos contra el patrimonio, contempla al delito de extorsión en el  artículo 198, y establece como regla de punibilidad, prisión de 1 a 10 años y de 30 a 300 días multa; por lo que dicha penalidad, es una de las más bajas en el país, de ahí la necesidad de elevar para el tipo básico las sanciones mínimas de prisión y multa que se propone sean de 4 años de prisión y de 100 días multa, respectivamente, dejando intocado el límite máximo, pero agregando supuestos de circunstancias calificativas agravantes, en cuya presencia se debe incrementar una mitad más la penalidad.

También se precisa para un claro entendimiento y una correcta aplicación en todos los casos, que el delito se tiene por consumado aunque no se obtenga el provecho indebido para el propio sujeto activo del delito o para otro, alejando de esa manera el riesgo de un indebido favorecimiento para el autor; pues en todo caso, la obtención del provecho debe constituir una circunstancia agravante de la penalidad.

Para complementar esta estrategia de normatividad en el combate al delito de extorsión, resulta también necesario considerarlo como delito grave en todos sus supuestos, para lo cual, se debe reformó el Código de Procedimientos Penales para el Estado.

Por otra parte, el robo en casa habitación además del daño patrimonial que produce, afecta casi siempre a todos los miembros de la familia, vulnera la inviolabilidad del domicilio, como espacio íntimo reservado para el desarrollo de la vida familiar, por los actos de intromisión no consentida, por los mecanismos utilizados para ingresar o salir, causan daño en las viviendas, e incluso llegan a apoderarse de algún vehículo automotor que se encuentre en el lugar utilizándolo para el traslado de una mayor cantidad de objetos.  En razón de lo anterior, este ilícito  genera una  alta percepción de inseguridad, así como de riesgos para la vida e integridad de sus ocupantes, al verse expuestos, a ser sorprendidos, sometidos o dañados ante la actuación de sus perpetradores, quienes frecuentemente, son personas provenientes de otras entidades federativas, a veces bajo formas convencionales de organización, que inmediatamente regresan a sus lugares de origen para favorecer su impunidad.  

En su momento los Diputados Marcos Aguilar Vega, Juan Fernando Rocha Mier, Gerardo Cuanalo Santos, Micaela Rubio Méndez y Salvador Martínez Ortiz, coincidieron en que es necesario que esta iniciativa de ley de a conocer cifras estadísticas que revelen la necesidad de una reforma de estos alcances, toda vez que se necesita claridad y congruencia entre el discurso de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en razón de la iniciativa; consideraron que el aumento de penas no es suficiente para disminuir la incidencia delictiva, si no va acompañado de una efectiva acción de investigación y detección de los probables responsables que deriven en procesos penales que culminen con sentencias condenatorias; no obstante, ellos puntualizaron que se suman a la convocatoria del Gobernador del Estado para construir a favor de la seguridad, pero lo quieren hacer con responsabilidad política y social, sólo consideran la necesidad de que este tipo de iniciativas estén bien sustentadas por medio de cifras y estadísticas.

Por su parte, los Diputados Fabián Pineda Morales, Dalia Xóchitl Garrido Rubio coincidieron en que la  falta de seguridad pública lesiona la confianza y rompe la tranquilidad de la sociedad por lo que es necesaria la correcta aplicación de ésta, buscando mejorar la calidad de vida de la población y esta iniciativa de ley tiene la finalidad de proteger la integridad y los derechos de las personas, preservando la libertad, el orden y la paz pública; así mismo expresaron que garantiza la seguridad de los cuidados en el estado, sobre todo cuanto está hecha obedeciendo a la demanda ciudadana y atendiendo a sus necesidades.

Esta iniciativa de ley fue aprobada por tres votos y dos abstenciones.