Santiago de Querétaro, Querétaro, 3 de octubre de 2011.- Los Diputados Luis Antonio Macías Trejo y Marcos Aguilera Vega, presidente e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dieron a conocer la Iniciativa de Acuerdo por el que la LVI Legislatura, exhorta al titular del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a efecto de que se revise a fondo el desempeño del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del municipio de San Juan del Río, Querétaro, Carlos Maya García.

Dijo que esta iniciativa es presentada por los integrantes de la comisión legislativa, y recordó que derivado de los trabajos de la misma, el pasado 22 de julio del año en curso, acordaron celebrar reuniones con Colegios y Barras de Abogados de Querétaro, y las fechas para llevarse a cabo, a efecto de darles a conocer el trabajo que se realiza, las reformas aprobadas y las iniciativas en trámite; así como para recibir las propuestas que quisieren formular, desde su perspectiva como litigantes; por lo que en la reunión celebrada el pasado 13 de septiembre con el Colegio de Abogados de San Juan del Río, A. C. se desprendieron una serie de inquietudes por parte de los abogados respecto a la inconformidad en la atención y servicio que reciben por parte del Juez Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, en el desempeño de sus funciones.

Macías Trejo dijo que en el documento signado por el presidente del Colegio de Abogados de San Juan del Río, Licenciado Alwin Rosillo Ocampo, refieren que la conducta de este servidor público es de prepotencia, ya que llega a los insultos, sin distinguir géneros, reta a golpes a los litigantes que le llegan a cuestionar por su proceder y bajo el influjo de una intolerancia irremediable, además de que convierte un recinto oficial en un escenario cualquiera, donde la razón y la investidura judicial brillan por su ausencia; razones por las cuales, solicitan la intervención inmediata para impedir que dicha situación se convierta en un problema social mayor, al estar en riesgo la legalidad, la seguridad y la paz social, valores que nos rigen como sociedad, generando una total  desconfianza en la impartición de justicia. Ya que agregó, a pesar de que se han presentado múltiples quejas, tanto verbales como escritas, no han obtenido respuesta, y por lo tanto piden su remoción inmediata del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de dicha demarcación.

En el proyecto de la iniciativa de acuerdo, se establece que considerando que para el desempeño de las funciones administrativas, es deber de los servidores públicos salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, en el desempeño diario de sus funciones, atendiendo además a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica del Poder Judicial, es que surge la necesidad de que se atiendan las inquietudes del Colegio de Abogados de San Juan del Río, A. C. y se revise el desempeño de dicho juez.

En su oportunidad, el Diputado Marcos Aguilar Vega, manifestó que se adhiere a este exhorto a fin de que se lleve a cabo una investigación en contra del Juez Carlos Maya García, ya que indicó, estos acercamientos con las barras y colegios de abogados, han servido en mucho para conocer las necesidades y puntos de vista respecto a ciertas temáticas, pero también para conocer sobre el actuar de los servidores públicos; por lo que en esta ocasión señaló, el órgano interno del Tribunal Superior de Justicia deberá iniciar las investigaciones correspondientes y llegar hasta las últimas consecuencias, en caso de proceder alguna sanción por la vía administrativa, o en su caso, que el propio Poder Judicial dé vista al Ministerio Público si hubiera alguna violación al Código Penal para el Estado de Querétaro.

Finalmente, a pregunta expresa, el Diputado Luis Antonio Macías Trejo, mencionó que son alrededor de 10 quejas formales las que se han presentado en contra de este funcionario, y que de comprobarse alguna responsabilidad, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo; aunque si también existiera alguna denuncia o conducta ilícita, sería sujeto de un procedimiento penal.