Santiago de Querétaro, Qro., 11 de noviembre de 2011. En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVI Legislatura del Estado, presidida por el Diputado Luis Antonio Macías Trejo y en la que estuvieron presentes los Legisladores Marcos Aguilar Vega y Juan Fernando Rocha Mier, se formuló la necesidad de analizar el estado que guarda la legislación en materia de justicia para adolescentes.

El presidente de la comisión legislativa propuso que se lleven a cabo reuniones con expertos y se intercambien ideas para buscar la completa especialización e integración de las áreas relacionadas con la justicia para adolescentes, invitando a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los jueces dedicados a este rubro, a los agentes del Ministerio Público especializados en la materia, a las barras y colegios de abogados, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a todos aquellos que se  propongan por la comisión, que tengan conocimientos en dicho ramo.

Al hacer uso de la voz, el Diputado Antonio Macías Trejo expuso algunos antecedentes que tienen trascendencia en la reforma del sistema de justicia penal actual; indicó que el punto de partida para que nuestro país regulara de forma independiente a los menores respecto de los adultos, es la Convención sobre los derechos del niño,  instrumento de observancia obligatoria en la materia, que es adoptado por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por México en el mes de septiembre de 1990.

Mencionó que después de que nuestro país adoptara dicha convención, en un intento por atender los preceptos que de ella emanan, pero que no fueron suficientes, se realizaron una serie de modificaciones a algunas legislaciones federales en materia de justicia de menores en conflicto con las leyes penales, entre las cuales se destacan: La Ley para el tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal; así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, puntualizó que fue hasta el 12 de diciembre del año 2005, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modifica de forma estructural la justicia para menores, impactando a los tres poderes de la unión y a los integrantes del pacto federal.

Mencionó que las nuevas disposiciones del párrafo cuarto del artículo 18 ordenan de manera explícita a la federación, a los estados y al Distrito Federal, el establecimiento de un sistema integral de justicia que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, y limita su aplicación a los adolescentes a quienes se les atribuye la comisión de conductas tipificadas como delitos, cuyas edades fluctúen entre 12 años cumplidos y menos de 18  años de edad, dejando en claro que las personas menores de 12 años sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.Recordó que en fecha 15 de septiembre de 2006, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno “La Sombra de Arteaga”, la Ley de Justicia para Menores del Estado de Querétaro, la cual fue abrogada por la Ley para la Impartición de Justicia para Adolescentes, publicada por el mismo medio el día 23 de octubre del año 2009, la cual se encuentra vigente hasta la fecha.

En ese sentido, insistió en que se debe tomar conciencia de las prácticas que surgen del nuevo sistema, así como de los escenarios e instrumentos necesarios para su eficacia, ya que dijo, es necesario que se trabaje en todos estos rubros para que la implementación del sistema funcione en su totalidad y se respeten los derechos de los menores. Agregó que si bien ya se cuenta con la reforma constitucional, con la creación de la ley secundaria, con juzgados para adolescentes y con una agencia especializada en Justicia para Menores, es importante hacer dicho análisis con la participación de los especialistas en la materia. Posteriormente, la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes.

En asuntos generales, el Diputado Juan Fernando Rocha Mier pidió que a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de esta Legislatura, se solicite un informe al Tribunal Superior de Justicia sobre cuántas personas que se encuentran presas aún no reciben una sentencia; manifestó que es importante conocer las estadísticas, y que como legisladores puedan coadyuvar para que la justicia se expida lo más pronto posible, ya que apuntó, aún existe mucha gente privada de su libertad desde hace varios años que aún no ha sido sentenciada; asimismo, expuso la urgencia de un ministerio público eficaz y eficiente en la Sierra Gorda de Querétaro, ya que apuntó, se requieren nuevas instalaciones porque el actual MP se encuentra rebasado, además de que no se cuenta con un anfiteatro para realizar autopsias, “es muy lamentable que la justicia para la Sierra Gorda siga todavía carente de instalaciones dignas”; agregó que por si fuera poco, en dicha agencia del Ministerio Público, los serranos no pueden presentar denuncias por delitos sexuales o de sus familiares migrantes desaparecidos.

Al respecto, el Diputado Antonio Macías Trejo solicitó que le haga llegar por escrito esta petición, a fin de sustentarla y darle seguimiento; sin embargo, informó que como integrante del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia, que trabaja en coordinación con la Procuraduría estatal, ya se ha presentado un proyecto en ese sentido, que está siendo evaluado en la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, por lo que confió en que al igual que otros que se han presentado de municipios como Tequisquiapan, El Marqués y San Juan del Río, el de Jalpan también tenga éxito.

En otro tema, Macías Trejo manifestó que con la finalidad de agilizar el desahogo de los asuntos pendientes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, ha pedido la acumulación de las iniciativas presentadas en materia civil, así como las relativas al tema penal, para que puedan dictaminarse de manera conjunta, por un lado, todas las de competencia civil, y en otro dictamen todas las correspondientes a la materia penal.

En ese sentido, el Legislador Marcos Aguilar Vega solicitó al presidente de la comisión legislativa, que en una sesión de trabajo posterior, haga una presentación en Power Point, para conocer cuáles son las iniciativas de ley que se sumarán para dictaminarse en conjunto, ya que a su consideración, observa un escenario de acumulación de iniciativas que no se había hecho antes.