Santiago de Querétaro, Qro., 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social revisan expedientes de trabajadores del Municipio de Amealco a los que no les ha sido concedida su jubilación PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 03 de Febrero de 2010 17:14

Santiago de Querétaro, Qro., 3 de febrero de 2010.- En la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVI Legislatura , que preside el Diputado J. Jesús Llamas Contreras, se presentaron los ciudadanos Teresa Herrera Real y Patrocinio Perrusquía Nieves, trabajadores del municipio de Amealco, quienes solicitaron con anterioridad la intervención de los legisladores, debido a que se les ha negado su derecho de jubilación aun cuando indican, cuentan con los documentos y requisitos indispensables para la misma, quienes comparecieron a efecto de manifestar respecto de sus trámites de jubilación.

Los trabajadores fueron representados por el licenciado Rubén Ugalde Rojas, quien hizo un resumen de la situación en la que se encuentran los trámites de jubilación o pensión, ya que además tienen derecho a los dos; dio a conocer que la última respuesta del municipio a los trabajadores fue que los 30 años de servicio que se requieren para jubilarse, necesariamente debieron haberse prestado en la misma institución, por lo que al haber presentado la señora sus servicios en Usebeq, en el DIF y en el municipio de Amealco; y el señor Patrocinio en el municipio de Pedro Escobedo no procede su trámite de jubilación.

La representante del Municipio de Amealco, Licenciada Hilda Jazmín Delgado Rojo, dijo  desconocer el documento en el que el oficial mayor del municipio de la administración pasada da fe de que la señora Teresa tenía 34 años laborando para el estado y el señor Patrocinio 29 años; sin embargo, ratificó que la señora había presentado una acta de nacimiento con una fecha y su credencial de elector tiene otra, por lo que hace dudar que la documentación que se exhiba pueda ser verdadera, motivo por el cual solicita que sea el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para determinar si es real la antigüedad, que es quien puede darle la certeza jurídica, ya que consideró que una constancia no significa que sean reales. Además aclaró que no hubo ningún despido, ya que la señora dejó de presentarse a trabajar, aunque sí existen anomalías que no les permiten continuar con su trámite.

El Diputado Gerardo Cuanalo, integrante de la comisión, indicó que es importante la claridad que les puede dar analizar los propios documentos y si existe alguna duda por parte de los trabajadores o del ayuntamiento puede ser auténtica por lo que indicó que es necesaria tener con claridad la antigüedad a través de los documentos que sean pertinentes para aclarar esta situación.

El Diputado Abel Espinoza, consideró que era una situación compleja en razón de que en ningún otro caso se ha solicita a la Junta de Conciliación que valide la antigüedad de un trabajador, considera que para eso están las dependencias en las que se haya prestado el servicio, considera que esto se ha politizado, pero el derecho que tiene un trabajador no está a la interpretación de nadie, por lo que es necesario que a quien le asista el derecho se le dé, pro lo que propuso no caer en este juego político y se haga con toda la responsabilidad y el derecho que les asista.

Por su parte, el Diputado Ricardo Anaya Cortes, solicitó que los equipos de asesores trabajen con los documentos que presenta tanto el ayuntamiento como los trabajadores e indiquen procedimentalmente cual es el paso que sigue y cual es de manera precisa la competencia tanto de la Legislatura como del Tribunal en una controversia como esta y en función de eso se resuelvan en los términos estrictamente apegados a la ley.

Finalmente, el Diputado J. Jesús Llamas Contreras, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifestó que el origen de estas comparecencias se debieron a que no existía según el municipio un documento que avalara la antigüedad de los trabajadores y finalmente el abogado de los mismo lo presentó, y es el que valida la antigüedad, por lo que advierte que se pudiera estar cometiendo un delito del orden penal en caso de que se estuviera falsificando algún documento, por lo que lo único que se puede hacer es revisar nuevamente los documentos de los trabajadores y realizar un dictamen en caso de que están dentro de sus facultades.

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