Santiago de Querétaro, Qro., 15 de junio de 2011.-  Al reanudarse la sesión de la Comisión de Movilidad Sustentable de la LVI Legislatura del Estado, presidida por el Diputado Marcos Aguilar Vega, e integrada por los Legisladores J. Jesús Llamas Contreras y J. Belem Junco Márquez, aprobaron por unanimidad la propuesta de esperar a que la Secretaría de Gobierno del Estado se pronuncié por escrito, respecto a la Iniciativa de Ley que deroga el artículo 103 y adiciona una nueva fracción X, recorriéndose la actual para quedar como fracción XI al artículo 104 de la Ley de Transporte Público del Estado de Querétaro.

La Iniciativa fue presentada por el Diputado José Luis Aguilera Rico, y hace referencia a la revocación de las concesiones, cuando operadores del transporte público colectivo hayan cometido delitos dolosos o culposos en lesiones o muerte de usuarios o terceros.

En su oportunidad, el presidente de la comisión legislativa, Marcos Aguilar Vega, informó que se recibió en sus oficinas la petición por parte del titular de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo del Estado, Roberto Loyola Vera, la solicitud de otorgarles un mayor plazo de tiempo para que puedan presentar su opinión sobre el contenido de la misma, en virtud de ser competencia de aplicación de dicha secretaría.

En ese sentido, al solicitar el uso de la voz, el Diputado Jesús Llamas Contreras, manifestó que si la participación de la Secretaría de Gobierno es en el sentido de abonar hacia que las cosas se hagan bien se deben esperar dichos comentarios; sin embargo, resaltó que el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, del cual forma parte, no está de acuerdo con el fondo de la iniciativa en estudio.

Refirió que en la sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia celebrada este martes, fue aprobada la Iniciativa de Ley que agrava los delitos de lesiones y homicidio ocasionados por los operadores del transporte público; recordó que se reforman los artículos 76, 77 y 129 del Código Penal para el Estado de Querétaro, castigando severamente a los operadores del servicio público que ocasionen lesiones o lleguen a causar homicidio; porque serán delitos considerados como graves y no tendrán derecho a la libertad, pagando fianza, cuando causen la muerte a cualquier persona, y el operador se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de una droga o enervante; que abandone a la víctima o no le preste auxilio; y, que no cumpla con la normatividad de tránsito.

Al respecto, puntualizó que está en contra de la impunidad y a favor de que el servicio que se preste sea de calidad, y que se ponga orden en esta materia; resaltó que los concesionarios que no cumplan con la normatividad, se les revoque la concesión, como lo determina el artículo 104 de la ley vigente en la materia, para lo cual se debe identificar a quiénes no les interesa brindar el servicio, y si no cumplen con los requisitos, entonces sí se les revoque la misma.

Durante su intervención, el Diputado J. Belem Junco Márquez, afirmó que para su Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, la postura de participación de la Secretaría de Gobierno, abonará al trabajo que se viene realizando; indicó que “siempre hemos empeñado nuestra palabra con los concesionarios, que nunca en contra de ustedes, pero siempre y cuando no se infrinja la ley o queden cosas impunes, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo”; coincidió en esperar la postura de Gobierno del Estado respecto a este tema, para desahogar la iniciativa; sin embargo, manifestó que se debe valorar el trabajo de los concesionarios, de los operadores y la calidad del servicio que se le brinde.

Al emitir sus comentarios, el Diputado Marcos Aguilar Vega señaló que la postura del Grupo Legislativo de Acción Nacional, es en sentido de rechazo a la iniciativa en estudio, bajo el argumento jurídico de que no puede ser sancionado un concesionario por la actuación de un tercero, que en este caso dijo, es el operador; expresó que las reformas al Código Penal recientemente aprobadas, van dirigidas a los malos operadores del transporte público, que reconoció, “los hay, y muchos, no tienen de qué preocuparse los buenos operadores, quienes cumplan la ley, quienes no conduzcan bajo los influjos del alcohol, psicotrópicos o cualquier estupefaciente que ponga en peligro la vida de los demás, no tienen de qué preocuparse; cuando realicen algún arrollamiento y no presten auxilio a la víctima, o por violaciones al reglamento de tránsito, en esos casos, se aplicará pena privativa de libertad desde ese momento”.

Comentó que en materia de transporte se tiene mucho que trabajar aún, porque es una realidad que no hay resultados a pesar de haber muchos planes, pero que no se han consolidado en la calle y que el usuario no ha recibido el beneficio; finalmente mencionó que la iniciativa en estudio, que tiene una visión administrativa, afectaría los derechos de terceros que no ocasionaron el daño.

Luego de haberse agotado el punto del orden del día, y al no haber asuntos generales, se dio por terminada la reunión de la Comisión de Movilidad Sustentable.