Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Septiembre de 2011. El coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Gerardo Cuanalo Santos, acompañado de sus compañeros de bancada: Marcos Aguilar Vega, Salvador Martínez Ortiz y Fernando Rocha Mier, dio a conocer en rueda de prensa que presentaron en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la “Iniciativa de Ley que Reforma la Constitución Política del Estado de Querétaro y la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro”.

Tiene el objetivo de establecer reglas más precisas que delimiten las razones y medios para la adquisición de deuda pública por parte del Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, así como generar en el marco jurídico mayor precisión conceptual al respecto, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.

El coordinador legislativo expresó que si bien Querétaro no está en una situación de riesgo en cuanto a su manejo histórico de deuda pública, la intención de los diputados panistas es presentar esta propuesta con un ánimo preventivo, para beneficio de futuras generaciones, además de preservar, impulsar y promover la sanidad y fortaleza de las finanzas estatales y municipales en Querétaro; considerando que en más de una entidad federativa, la falta de regulación adecuada y controles sobre la contratación de la deuda han generado consecuencias en la estabilidad de su economía.

En función de lo anterior, manifestó que la iniciativa que hoy hicieron del conocimiento público, pretende lo siguiente:

-               Definir con precisión y amplitud en la norma constitucional lo que debe entenderse por deuda pública;

-               Establecer expresamente la Constitución del Estado que los recursos de estos financiamientos no pueden destinarse al gasto corriente;

-               Incluir en los preceptos constitucionales aplicables que toda operación de deuda pública requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura del Estado o de los ayuntamientos que celebren este tipo de operaciones, buscando el consenso de las distintas fuerzas políticas con representación en dichos órganos;

-               Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de constituir un registro público que contenga todas las operaciones de deuda pública a cargo de éste y de los municipios, el uso de los recursos del financiamiento respectivo, así como lo relativo a la afectación de ingresos o derechos que sirva como fuente de pago o garantía;

-               Prohibir al Gobierno del Estado contraer e inscribir deuda durante el último año de su gestión, salvo en casos de emergencia. En el caso de los municipios la restricción aplicará durante los últimos seis meses de la gestión, también considerando excepciones derivadas de emergencias.   

-               Establecer que al menos el treinta por ciento de la contratación de deuda pública debe respaldarse con contribuciones propias del Estado o municipios; y sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de la contratación de deuda pública. 

Afirmó que de esta manera, los diputados del PAN buscan inhibir conductas de riesgo tales como:

-               Que los gobiernos estatal y municipales en turno contraigan deudas impagables durante su periodo de gestión, que lleven a las finanzas públicas a un estado crítico de insolvencia inmediata o futura;

-               Que se comprometan en exceso ingresos futuros que impidan a los gobiernos atender las necesidades de la población.

-                Que los recursos obtenidos por pasivos se destinen a fines distintos respecto a los que fueron concebidos; y 

-               Que la deuda se contraiga por medios distintos a los que el Congreso autoriza.  

A pregunta expresa, respondió que la deuda de pública de Gobierno del Estado asciende a mil 282 mdp y la del Estado --que incluye todos los municipios-- es de 2 mil 155 mdp, de acuerdo a cifras que le fueron entregadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Respecto a lo que mencionó en el sentido de prohibir al Gobierno del Estado contraer e inscribir deuda durante el último año de su gestión, salvo en casos de emergencia, explicó que sería en casos de desastres naturales u otro caso que requiera que el Estado contrate deuda pública para hacer frente a la situación.

Reiteró que según los datos generales de que dispone, para el caso  de Querétaro y con base a sus ingresos, no representa su deuda pública un riesgo en este momento, “creemos que la situación financiera del Estado en términos de deuda pública es positiva, sin embargo el propósito de esta iniciativa es prevenir”.

En relación al candado que menciona para que no se contrate deuda en el último año de una administración, el Diputado Cuanalo Santos explicó que con esta propuesta se busca garantizar que ésta sea para destinarla a inversión en infraestructura, no a gasto corriente.

Al preguntarle sobre el comportamiento histórico de la deuda pública del estado de Querétaro, detalló que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 1997 era de 1 mil 061 mdp; en 1999, de 1 mil 215 mdp, y ha incrementando de una manera ordenada y respaldada por los ingresos propios y participaciones federales, “hasta llegar al día de hoy a 2 mil 155 mdp, lo que indica –dijo--  que en poco más de 10 años, la deuda del Estado se ha incrementado en poco más 1 mil mdp”.

En otro tema, sobre si el Grupo Legislativo del PAN buscará presidir la nueva Mesa Directiva de la Legislatura, su coordinador expresó que si bien sí tenían el interés, han platicado con el Diputado Abel Espinoza del Partido Nueva Alianza y determinaron apoyarlo para que sea él quien la encabece en el siguiente periodo, ya que encuentran en él una persona con apertura al dialogo y al consenso, por lo que está seguro que el trabajo legislativo será en beneficio de los ciudadanos, “creemos que el Diputado Abel va a tener los elementos políticos, de apertura y negociación, para que las iniciativas que se presenten y las que ya están en curso, tengan un buen fin”.