Santiago de Querétaro, Qro., 17 de Junio de 2010.  El diputado Gerardo Cuanalo Santos en entrevista con Luis Gabriel Osejo, habló sobre la Iniciativa de Ley que presentó para tipificar como delito el uso indebido de los números de emergencia, como es el 066, lo cual es importante --dijo --  porque se trata de un tema de seguridad para los ciudadanos.

Manifestó que con esta propuesta, lo que se busca es que la persona que haga un mal uso de los servicios de emergencia, tenga una penalidad de 2 meses a 2 años de prisión y de 10 a 100 días multa”. 

Explicó que si un menor comete este delito, no se le va a tratar igual que a un mayor de edad, pues en su propuesta se establece que cuando fueran menores de 12 años, realizarán trabajos comunitarios y si fueran mayores de 12 años y menores de 18 años, se les aplicará un procedimiento de conciliación, donde deberá existir un acuerdo entre el menor y el ofendido.

El legislador comentó que al estar en contacto con los ciudadanos, estos le comentan que al hacer uso del número de emergencia 066, tarda mucho en llegar la respuesta, por lo que se dio a la tarea de investigar qué pasa con ese número telefónico y encontró que del total de llamadas de emergencia que se reciben a nivel nacional, entre el 65 y el 80 por ciento son de carácter improcedente, debido a que son llamadas falsas o bromas.

Afirmó que es necesario trabajar en este tema, pues lo grave es que el 75 por ciento de dichas llamadas son  realizadas por menores de edad, por broma u ociosidad, por lo que  afirmó que en estas situaciones juegan un papel fundamental los valores y la educación que se inculca al interior de las familias.

Comentó que en el 2009, el municipio de Querétaro fue el que recibió más llamadas de este tipo, pues de un total de poco más de un millón, el 78 por ciento fueron de carácter improcedente, “lo que quiere decir que los servicios de emergencia están destinando mucho tiempo a llamadas de alarma falsas y en consecuencia están dejando de atender situaciones reales de urgencia para los ciudadanos”.

Mencionó que el año pasado hubo 5 llamadas referentes a amenaza de bomba y este año van 7 por ese motivo.  Opinó que el costo más alto de este tipo de llamadas no es el recurso que le representa a las autoridades, sino lo que se está dejando de atender en cuanto a llamadas reales de emergencia.

Expresó que actualmente en el Reglamento Municipal de Justicia Administrativa se sancionan este tipo de llamadas con uno a cien salarios mínimos, pero se estipula que la autoridad tiene que encontrar en flagrancia a la persona que haga este tipo de llamadas, por ello dijo que a principios de este mes presentó una iniciativa de ley que propone tipificar como delito esta conducta.