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Santiago de Querétaro, Qro., 4 de
Octubre de 2011.
Los Diputados del Grupo Legislativo del PAN, en voz del Diputado Luis Antonio
Rangel Méndez, dieron a conocer la presentación en la Oficialía de Partes del
Poder Legislativo, de la “Iniciativa de Ley que reforma la Constitución
Política del Estado para darle Autonomía al Ministerio Público en el Estado” y
crear como un órgano constitucional autónomo a la Procuraduría General de
Justicia.
En rueda de prensa con los representantes de
los medios de comunicación, y contando con la asistencia del presidente y
secretario del Colegio de Abogados Penalistas, Rafael Tovar Ugalde y Juan
Carlos Martínez Mey, respectivamente; así como el presidente de la Barra
Queretana de Abogados, Miguel Alcocer Herrera, el Diputado Rangel Méndez
expresó que en esta iniciativa de ley, los diputados del PAN están proponiendo
un importante avance en la vida democrática del Estado, al otorgar una
autonomía real al Ministerio Público, con el propósito de que su actuar se
desvincule de criterios políticos y de que se le salvaguarde de cualquier tipo
de presión externa, para que pueda circunscribir sus determinaciones a la ley y
las pruebas existentes en cada asunto en que intervenga.
El legislador expresó que esta dependencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo ha sido
ampliamente cuestionada durante los últimos años por especialistas en la
materia, colegios, barras de abogados, e instituciones académicas, por lo que
se puede concluir que al día de hoy, el modelo de dependencia jerárquica se ha
agotado y es necesario modificarlo.
En ese sentido, reconoció que este planteamiento no es una
idea particular de Acción Nacional, ya que otros actores políticos la han
venido platicando desde hace mucho tiempo, sin embargo dijo que hoy ellos la
enarbolan y presentan formalmente la propuesta de reforma, pues consideran que
es el momento adecuado para hacerlo y porque es primordial para
alcanzar en nuestro estado una mejor y más eficiente procuración de justicia.
Explicó que la propuesta se centra en la
propuesta de dotar a la institución del Ministerio Público, a través de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, de la independencia que le permita
conformar un órgano técnico y no de carácter político, ajeno a los intereses de
partidos políticos o grupos de poder, con el propósito de que pueda actuar
libremente y no bajo consignas, buscando siempre la prevalencia de criterios
jurídicos y evitando intervención de tipo político en las tareas de
investigación o de acusación.
En la propuesta presentada se
establece que para poder cumplir con sus importantes y delicadas competencias,
el Ministerio Público debe gozar de una autonomía real, tanto funcional como
técnica y esta autonomía deviene, primordialmente, de su independencia del
Poder Ejecutivo, sin que ello implique que el Ministerio Público pueda actuar
de mutuo propio y que sus agentes puedan determinarse y tomar decisiones sin
más restricciones que su voluntad: la autonomía –dice el documento-- tiene como
límite las leyes y en este contexto, el Ministerio Público deberá circunscribir
su actuar a un ámbito totalmente legal, apegado a criterios jurídicos que guíen
su actuar y sus determinaciones.
Para ello se propone que, además
de ser considerado como un órgano con autonomía constitucional, se otorgue a su
titular la garantía de inamovilidad, salvo causas graves así consideradas por
la ley, evitando con ello que pueda ser removido discrecionalmente por alguno
de los Poderes del Estado. Así mismo, se contempla en su elección, la
participación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para efectos de
que ambos sean corresponsables en el nombramiento de quien dirigirá a la
institución; dijo que esto sería a través de una terna que el gobernador envíe
al Congreso del Estado y sea éste quien lo elija por dos terceras partes de sus
integrantes.
De igual forma, se prevé que su
duración en el encargo no sea igual a la del periodo de funciones de un
Gobernador, con el propósito de que su nombramiento no coincida con el inicio
de una gubernatura y así garantizar su permanencia transexenal, lo que
redundará sin duda, en que su eficiencia y eficacia al frente de la institución,
así como la imparcialidad en su actuar, sean factores que propicien su
permanencia en el cargo, hasta por un periodo de cinco años más, lo que por
otra parte, impactará en la profesionalización del servicio. De esta forma,
consideran que se propone un importante avance en la vida democrática de
Querétaro.
El Diputado Luis Antonio Rangel Méndez manifestó que esperan que todas las
fuerzas políticas y los organismos intermedios representativos de la sociedad,
así como los propios Poderes del Estado, así como los ciudadanos interesados en
el tema, se sumen con firmeza a la construcción y fortalecimiento de esta
iniciativa, “confiamos también en que esta propuesta habrá de decantarse y
fortalecerse al seno de las mesas de trabajo que significan las comisiones de
este congreso, hay mucho que aportar y que agregar”. Finalmente invitó a los
representantes del Colegio
de Abogados Penalistas y la Barra Queretana de Abogados, a hacerle llegar sus
consideraciones y aportaciones a la misma, al tiempo que invitó a todos a sumar
voluntades para la aprobación de reformas trascendentes. |